La libertad de expresión en Costa Rica representa un derecho fundamental, es parte de las protecciones que el Estado Social de Derecho, brinda a sus ciudadanos; la libertad de prensa es un claro ejemplo, de los valores que la cultura costarricense promueve. Esta consigna se expresa en la Constitución política de Costa Rica en el artículo 29, el cual afirma lo siguiente:

«Todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los casos y del modo que la ley establezca».

Al analizar minuciosamente, lo que la legislación costarricense, quiere dar a entender, es que el hecho de contar con un derecho tan preciado como el de expresar los pensamientos propios, no se relaciona con el abuso de esta práctica, tocando límites con el levantamiento de injurias o calumnias.

El Código de ética, del Colegio de Periodistas de Costa Rica, también afirma delimitaciones para los medios comunicación, indicando que todo aquello que se publique debe ser veraz, imparcial y fiel representante de una característica en particular, “ser de interés público”. Pese a esta enseñanza que se recalca tan fuertemente en las aulas universitarias, los medios nacionales violentan estos principios, ante una población que ya no cree tan fácilmente no le que presentan gracias al incremento de los medios digitales.

Hoy en día, la información se encuentra democratizada, esto permite que las personas accedan a ella de forma de fácil y en ocasiones con mayor inmediatez que los mismos medios de comunicación. Esta situación ha provocado a su vez, que los periódicos, espacios audiovisuales y digitales, busquen incrementar sus utilidades, sin importar el contenido que se presente al público.  Esta situación genera una exagerada reproducción de refritos periodísticos (repetición de notas previamente publicadas), así como la proliferación del amarillismo y sensacionalismo, tomando un papel protagónico, con el fin de aumentar rating y por consiguiente sostener la balanza financiera de los medios de comunicación.

Dada la presente campaña electoral, se presentó un fenómeno muy particular, la intermediación de los medios de comunicación nacionales, reproduciendo información de forma clara intereses editoriales, con una ausencia total de imparcialidad, con el fin específico de desprestigiar al pueblo cristiano costarricense. Las noticias, de forma tendenciosa, violentando el derecho a la “libertad de culto “, que constituye la legislación costarricense, son evidentes. La chota y burla se publican constantemente en redes sociales; incurriendo en ilegalidades fuertes, y una solapada persecución al pueblo cristiano.

Como consecuencia de la libertad de expresión, que protege la Constitución política del país, el Colegio de Periodistas, no posee posibilidad de reprender o suspender profesionales que ejerzan su profesión de forma inadecuada. Pues, ni siquiera pertenecer al COLPER, se presenta como un requisito obligatorio para ser periodista y esto genera lo que se podría calificar como “circos mediáticos”.

Si un doctor practica una mala praxis, pone en juego la salud de su paciente; por lo tanto, el Colegio de Médicos, velará siempre por la protección de las y los ciudadanos; sin embargo, en el caso de la prensa, esta fiscalización no existe, pese a la trascendencia del oficio, pues se trabaja con algo muy delicado para la población “la integridad de las personas”.

En tiempos como el presente, la iglesia de Cristo debe mantenerse informada, verificando fuentes y analizando si lo que se presenta ante sus ojos es real o lleva implícita alguna intención oculta por intereses de bandos altos.