El matrimonio homosexual es una realidad en muchos países de Europa y en ciertas regiones estadounidenses.

Pocos diputados se oponen públicamente a la propuesta. Un significativo grupo de cristianos se dirigió el mes pasado a la Asamblea Legislativa con el interés de entregar 1.200 firmas de quienes se oponen a la legalización de la unión civil entre homosexuales.

Estos representantes del sector cristiano costarricense afirmaron que continuarán recogiendo firmas alrededor de todo el país con el fin de presionar al Congreso para impedir la aprobación del proyecto, que actualmente discute la Comisión de Derechos Humanos.

Uno de los mayores reclamos por parte de este segmento de la sociedad, que se opone a la iniciativa es que este proyecto viene a ser una legítima copia del Código de Familia, en cuanto a lo que se refiere a los derechos y deberes de los cónyuges, lo cual lo constituiría en un matrimonio solapado.

Otro de los reclamos puntuales de quienes adversan la iniciativa está fundamentada en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en su artículo 17 relacionado con la “Protección a la Familia” que señala: “1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el estado. 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas”. Se asume, por lo tanto, que la relación entre un hombre y una mujer dadas las condiciones antes mencionadas son las idóneas para que a esta se le declare como familia.

Uno de los máximos opositores a esta propuesta es Pedro Beirute, abogado  que propone otras alternativas para subsanar las carencias de la legislación, que según los homosexuales atenta contra sus derechos.

“No se trata de religión, ni de salud pública, ni de derechos. Es un tema de sentido común, de la misma naturaleza humana, de equilibrio, de armonía, de saber qué se quiere para la institución conocida como familia en nuestro país. Es más, no hace falta ninguna “nueva” ley para proteger este tipo de uniones, sino sencillas reformas a las leyes ya existentes para cobijar los derechos interpersonales de estas personas”, expresó públicamente don Pedro en una carta a la columna.

“Admitir este proyecto de ley sería derogar expresamente el indicado artículo 14, inciso 6.º del Código de Familia, que la Sala ha indicado como constitucional, utilizando para ello una cuestión meramente semántica al no llamar en el proyecto con la palabra “matrimonio” a esas uniones civiles o de hecho entre personas del mismo sexo. Si lo que se quiere es eliminar cualquier tipo de una supuesta “discriminación” existente respecto a la eventual violación de derechos de las personas del mismo sexo que conviven bajo un mismo techo, el camino es otro, como lo he sostenido en diversas intervenciones sobre el tema, pero no atacando el concepto de matrimonio y familia”, agrega Beirute.

Hasta ahora los diputados abanderados de la lucha contra la unión civil entre homosexuales son Guyón Massey, de Restauración Nacional, y el independiente José Manuel Echandi.

El diputado Massey aseveró que no está contrario al derecho humano, sino que se su verdadero interés radica en la eventual legalización de la adopción de menores por parte de parejas homosexuales, portillo que, según él, quedaría abierto de aprobarse la unión civil.

“No se puede equiparar la unión civil entre personas del mismo sexo con la figura del matrimonio instituido por Dios. Costa Rica debe continuar poniéndole un cercado a la moral para que nuestra sociedad no se nos desboque”, aseguró don Guyón.

En lo que respecta al sector que promueve esta ley, la diputada Ana Elena Chacón, de la Unidad Social Cristiana (PUSC) afirmó que “con el respeto a las personas que han presentado esas firmas, pues si de firmas se trata creo que habrá también miles de miles de personas que están deseosas de tener un país más justo, más equitativo y sobre todo un país que le brinde las oportunidades de convivencia bajo los derechos que nos da a todos la Constitución Política”.  

La congresista aseguró que continuará bregando para que se legalicen esas uniones civiles, puesto que considera que este es un tema referente a los derechos humanos en el que no se puede claudicar.